Granados niega al juez que el PP Nacional de Rajoy financiara ilegalmente las campañas de Aguirre

Francisco Granados ha negado ante el juez de la trama Púnica que el PP Nacional de Mariano Rajoy financiara ilegalmente las campañas autonómicas madrileñas de 2007 y 2011 de Esperanza Aguirre.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el ex consejero madrileño ha desvinculado al PP de Rajoy de la financiación irregular de los populares madrileños. Granados ha negado también que el ex tesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, presionara y controlara las adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid, como aseguró Ignacio González en sede judicial el pasado 18 de diciembre.

Muy diferente han sido sus palabras sobre el PP de Madrid. Granados ha afirmado que la empresa Swat S.L. actuaba como el «vehículo» de la financiación irregular. Esta sociedad investigada ya en la trama corrupta administrada por Juan Miguel Madoz facturaba, según su testimonio, «una campaña electoral de refuerzo» de Esperanza Aguirre.

Granados añadía ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que Swat S.L. efectuaba la propaganda electoral de Aguirre de forma encubierta, tras facturar «gastos» a empresas públicas de la Comunidad de Madrid. Entre ellas, el Canal de Isabel II (empresa pública del agua), ICM (empresa pública de informática), la desaparecida PromoMadrid (empresa pública de promoción exterior) o el Consorcio de Turismo de la Comunidad de Madrid.

Las Consejerías de la Comunidad de Madrid se reservaban un 1% del presupuesto de adjudicación para promoción. Un concepto legal recogido en los pliegos de los contratos que, sin embargo, escondía la «financiación electoral paralela».

Tal y como avanzó este diario, Granados sí ha reconocido que el PP de Madrid efectuaba «dos financiaciones paralelas para las campañas electorales del año 2007 y el 2011». La primera era la oficial y era sometida al control del Tribunal de Cuentas. La segunda era la extraoficial y se sustentaba en facturación inflada o ficticia a través de empresas.

En su declaración, ha detallado como González era el dirigente que «mandaba en realidad en el PP y en la Comunidad de Madrid» durante la presidencia de Esperanza Aguirre. En esta línea, apuntaba que éste era el responsable directo de la financiación paralela de la campaña electoral del 2007, junto a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, con la que  habría mantenido en esas fechas «una relación sentimental». 

Respecto a la campaña de 2011 que el propio Granados dirigió, éste señalaba otra vez a González como la persona que centralizó la financiación paralela extraoficial junto a otros cargos relevantes del PP madrileño como Borja Sarasola, exsecretario de Política Territorial de la formación.

El exdirigente popular también afirmaba al juez que Aguirre y González «designaban a todos los cargos» y que presidió la empresa del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, apenas dos años hasta que fue sustituido por Eduardo Larraz, «hombre de confianza de Aguirre y González».

Interrogado por la agenda con anotaciones que le incautaron, sostenía que dichos apuntes «no tenían nada que ver con mordidas o comisiones porque no eran anotaciones económicas sino de asistencia a actos electorales». Sobre la cuenta en Suiza, explicaba que la abrió en su época de bróker de Bolsa y que el dinero de la misma no se correspondía con «comisiones ilegales».

Por último, se refería al cerebro de la Púnica, David Marjaliza, para desvelar que el empresario le «reconoció» sus presuntos negocios vinculados con el narcotráfico. Además, desmentía que su entorno haya amenazado a Marjaliza porque «su esposa y su hijo pequeño estuvieron varias mañanas en verano en su casa de Valdemoro».

El ejemplo de ICM

Francisco Granados ha citado textualmente el ejemplo de la empresa de informática de la Comunidad de Madrid, ICM, para demostrar la existencia de la «financiación electoral paralela» del PP madrileño.

Tal y como recoge el sumario del caso Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid.

Los indicios sobre estos hechos tienen su origen en la declaración de un exsubdirector general de ICM que afirmó ante la Fiscalía Anticorrupción que González pidió en junio de 2012 al entonces consejero delegado del organismo público, José Martínez Nicolás, 1 millón de euros para “sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid”.